Corrupción: una realidad latente, un problema social y ¿cómo prevenirla?

Por María Fernanda Delgado Sánchez y María Alejandra Díaz Vargas

Cuando se alude al fenómeno de la corrupción, normalmente se relaciona con un poder propio de la función pública que se usa para obtener un beneficio personal. Si bien esta definición tradicional es un buen punto de partida, se queda corta frente a fenómenos que impactan de forma negativa a la sociedad, pero que trascienden a la simple actuación de agentes del Estado. Así, conceptualizaciones contemporáneas han expandido el concepto de corrupción para incluir actos de particulares. Por ejemplo, Transparencia Internacional define la corrupción como “el uso indebido del poder para beneficio privado”. Al ser esta noción tan amplia, resulta apropiado distinguir la corrupción pública y la privada. En la primera, el abuso está estrechamente ligado a la función pública, pues es en ejercicio de esta que se obtiene el beneficio privado. En la segunda, el abuso es producto de relaciones entre particulares. 

En el ámbito social, la corrupción constituye una afectación a las estructuras estatales y, por ende, a los procesos democráticos. La debilitación de la institucionalidad conlleva un alto costo en los recursos públicos, bienes y servicios destinados al acceso igualitario de toda la población y a la protección del Estado Social de Derecho frente a la pobreza, la equidad y la dignidad humana. Ejemplo de ello es cuando un alcalde usa indebidamente su poder para beneficiarse de un programa público. En este caso, los recursos dejan de ser un gasto social para convertirse en una utilidad particular y, finalmente, son los ciudadanos más vulnerables quienes sufren las consecuencias, al no beneficiarse del programa que se buscaba garantizar.

Por otra parte, la corrupción tiene una incidencia negativa en la economía. En la esfera contractual, por ejemplo, los costos propios de una obra se incrementan porque incluyen los costos de la corrupción. Esta situación, en primer lugar, conduce a la utilización ineficiente de los recursos de inversión y gasto público; y en segundo lugar, implica que el criterio de decisión se base en el beneficio individual y no en el interés general. La corrupción genera, además, barreras de acceso creadas por la monopolización de las actividades basadas en el intercambio de beneficios particulares como dádivas. En consecuencia, este fenómeno termina desincentivando la inversión y genera desconfianza en las relaciones de mercados nacionales e internacionales. 

La corrupción, con los efectos previamente esbozados, ha llevado a implementar una política internacional para combatirla en Convenciones de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. Estas políticas generalmente se enfocan en gestionar el riesgo de la corrupción a través de su prevención. De ahí que, existan diversos programas de prevención del riesgo en gestión anticorrupción. Estos consisten en políticas de gestión empresarial, programas de cumplimiento, códigos de ética claros y, finalmente, normas que prevengan y sancionen las conductas propias de la corrupción.  Por tanto, se evidencia que existe un sistema integral de administración de estos riesgos que abarca no sólo la sanción penal, sino también diversas medidas de autocontrol previo a la conducta, considerando que no todas las conductas de corrupción están tipificadas penalmente. No obstante, cuando la prevención es insuficiente, el Código Penal tipifica las conductas de corrupción y castiga la ganancia ilícita, a través de la figura de la extinción del dominio, transfiriendo al Estado la titularidad de los bienes obtenidos mediante conductas de corrupción.

Particularmente en Colombia, este sistema está compuesto por instrumentos derivados de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, para combatir el fraude y, específicamente, el soborno transnacional. Esta Convención exige que todas las prácticas contables y tributarias tengan exigencias mínimas de transparencia; y crea la figura del oficial de cumplimiento, cuya función principal es monitorear dicho sistema, siendo el primero en responder por las conductas de corrupción. 

Adicionalmente, Colombia, como miembro de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, asumió serios compromisos en la lucha contra la corrupción y el soborno transnacional. Como parte de estos compromisos, la Superintendencia de Sociedades diseñó estrategias para combatir la corrupción y el delito de soborno transnacional, con el fin de prevenir y sancionar conductas ilícitas que tengan algún nexo o alcance internacional, en desarrollo de la convención para combatir el delito de cohecho en las transacciones internacionales. Simultáneamente, nuestro país ha implementado la Ley 1778 de 2016, la cual otorga facultades a la SuperSociedades para ejercer labores de vigilancia y control frente al soborno transnacional. Asimismo, se ha promulgado la Ley 2195 de 2022, la cual adopta medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción de obligatorio cumplimiento tanto para estructuras públicas como privadas. 

Si estos temas son de su interés y desea comprender a profundidad el impacto de la corrupción, lo invitamos a conocer la Especialización de Gestión del Riesgo Anticorrupción de la Universidad Externado de Colombia, la cual tiene sus inscripciones abiertas. En este contexto, nuestra especialización suministra herramientas de gestión de riesgos y está encaminada a la capacitación en temas de regulación y diseño de mecanismos adecuados para contrarrestar este fenómeno tan nocivo para el desarrollo de los países. Asimismo, el programa integra una visión sobre los Estados contemporáneos y, especialmente, los que se encuentran agrupados en la OCDE. 

Esta especialización busca enfocarse en los esfuerzos decididos y pragmáticos encaminados a neutralizar los factores y elementos que trae la corrupción, los cuales generan estancamiento, retroceso, involución y, sobre todo, malestar social y desigualdad. Nuestra Especialización toma este punto de partida, abordando el fenómeno desde una perspectiva científica e interdisciplinaria.

REFERENCIAS

Henao Pérez, J. C. & Isaza, C. (Editores). (2018). Corrupción en Colombia. Tomo I: corrupción, política y sociedad. Universidad Externado de Colombia.

Henao Pérez, J. C. & Ruiz, C. E. (Editores). (2018). Corrupción en Colombia. Tomo III: Corrupción privada. Universidad Externado de Colombia.

Teichmann, F.M. & Sergi, B.S. (2018), Compliance in Multinational Corporations, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. i-xiii. https://doi.org/10.1108/978-1-78756-867-920181001

Transparencia Internacional (2022), 2021 Corruption Perception Index. https://www.transparency.org/en/cpi/2021

Vito Tanzi, & Hamid Davoodi. (2001). Corrupción, inversión pública y crecimiento. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 21.

Foto tomada de: Marco Verch Professional Photographer (https://flic.kr/p/2mJt7RW).